NO A LAS PRIVATIZACIONES DE LOS SERVICIOS SOCIO SANITARIOS

El pasado jueves, se llevó a cabo en el Ateneo Popular Jiribilla, promovido por el Espacio de Confluencia de Gran Canaria, un acto de denuncia por las pésimas condiciones que tienen que soportar nuestras personas mayores en los centros socio-sanitarios Canarios y los atropellos laborales que sufren quienes les atienden.

Nada hemos aprendido de los dramáticos momentos vividos por las más de 35.000 personas fallecidas por coronavirus en residencias de todo tipo durante el confinamiento y la pandemia, sin atención, sin compañía, sin un mínimo consuelo, en unas condiciones vergonzosas que seguimos teniendo que soportar en el día a día de muchísimas personas ingresadas en residencias, personas mayores que reciben un trato más parecido al régimen carcelario.

Nuestra asociación, estuvo apoyando esta unión de luchas, una unión siempre necesaria y ahora imprescindible. Porque la avalancha de problemas que allí se escucharon, las quejas y situaciones intolerables a lo largo de los años que residentes y trabajadores exponían, tienen un dominador común que las atraviesa: la privatización de los servicios públicos.    

La privatización de los servicios públicos es la mayor arma de destrucción masiva que el capitalismo ha inventado: una apisonadora implacable de derechos y dignidad que no vamos a consentir más tiempo. La privatización de los servicios públicos es el elemento común que unifica la lucha de más colectivos que estuvieron presentes ese jueves. Además de trabajadores de los centros socio-sanitario El Pino y Taliarte y familiares de centros de mayores, también participamos entre otros, socorristas de la playa de Las Canteras, trabajadoras y trabajadores del Banco de Sangre (del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia) y nosotros mismos, los pensionistas en lucha, porque este sistema ya está privatizando nuestras pensiones desde los convenios donde algunos sindicatos firman con los empresarios  los planes privados de empresa,  es decir, el mecanismo para privatizar desde un gran fondo público supervisado por el Gobierno una parte de las pensiones públicas con fines especulativos, de cara a complementar las pensiones que deberían ser exclusivamente públicas. Todo bajo el paraguas de un “fondo público” de colaboración público-privada para garantizar más beneficios a los bancos y la reducción de cuotas a la Seguridad Social para los empresarios, los auténticos ganadores de esta contrarreforma de las pensiones. Por eso el acto del 16 de febrero cobra tanta trascendencia, por la suma de fuerzas que estamos logrando aglutinar, por la conciencia colectiva que supone saber que si nos unimos y nos organizamos somos mucho más fuertes.

Y de esta denuncia nace una propuesta: el sábado 25 de marzo saldremos a la calle para gritar alto y claro nuestro NO A LAS PRIVATIZACIONES en los servicios públicos sociales y sanitarios.

Seguiremos informando acerca de esta acción de calle y allí estaremos también los pensionistas defendiendo un sistema público de pensiones justo y digno lejos de los intereses privados.