A partir de junio la "resistencia pacífica" de los manifestantes será delito.

El Poder no deja ningún flanco al descubierto. A la batería de recortes anunciados para la Sanidad y la Educación, tanto el Gobierno como la Patronal son conscientes de que el malestar que provocarán éstas hace preciso acompañarlas de una legislación dura que no coja desprevenido al Ejecutivo.

Días pasados el ministro del interior, Jorge Fernández, adelantó la noticia de que antes de finalizar el próximo mes de junio, el Gobierno presentará al Parlamento un proyecto de ley orgánica para proceder a la modificación del Código Penal. Entre los nuevos cambios que el gabinete ultraconservador de Mariano Rajoy desea implementar se encuentra la consideración de la "resistencia pacífica" como un "atentado contra la autoridad". La práctica de la "resistencia pacífica" ha venido siendo utilizada frecuentemente por los miles de manifestantes del Movimiento 15 M que se echaron a las calles en el curso del último año. Los cambios que el Ministro pretende ahora aplicar endurecerán todos los artículos del Capítulo II, título 22, en los que se regula toda la panoplia de delitos contra el orden público.Otra de las modificaciones que ha previsto el Ministerio del Interior consistirá en la inclusión de la "prisión provisional", aplicable en los casos en los que se estime que se ha "atentado" contra la autoridad.

La "Asociación de Jueces para la Democracia" de Valencia ha sido la primera en todo el Estado que ha dado respuesta a estos proyectos autoritarios, que sin duda constituyen claramente una vulneración del derecho a la libre expresión. El portavoz de esta Asociación, Ximo Bosch declaró que en su opinión el Ejecutivo "pretende criminalizar unas manifestaciones que en su mayoría se caracterizaron por su carácter pacífico". "Contemplar la resistencia pasiva como un delito penal no es en absoluto aceptable. Estas medidas hacen pensar que el objeto de la reforma está orientado hacia la represión judicial más que a la acción social". "Deberíamos de endurecer las penas por corrupción, porque se está ofreciendo la sensación de que este tipo de delitos gozan de impunidad".

Lo que parece quedar claro es que el Poder, el auténtico Poder que se esconde tras la fachada del aparato del Estado, prescinde de las florituras "democráticas" en cuanto la movilización social pone en peligro su propia estabilidad.