El gobierno podrá ilegalizar partidos y sindicatos por “desórdenes públicos”

En la línea de aumentar la represión contra las protestas obreras y populares, el gobierno español endurece el Código Penal, hasta el punto de llegar a ilegalizar partidos y sindicatos. A las contrarreformas legales ya anunciadas se añadirá una nueva: las asociaciones, partidos políticos y sindicatos que convoquen manifestaciones responderán penalmente si alguno de sus afiliados participa en la protesta y "causa daños con relevancia penal".

Es decir, si durante la protesta se producen altercados y sus afiliados o militantes cometen algún delito, las organizaciones convocantes podrían responder penalmente por lo sucedido. No sólo sufrirán multas, sino que se puede llegar a la disolución, la suspensión de actividades o la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas.

El gobierno podrá también extender a estos delitos la responsabilidad económica de padres y tutores cuando la infracción la hayan cometido menores de edad.

Por supuesto, estas medidas serán de aplicación sólo en "delitos de orden público", pero no, por ejemplo, en casos de corrupción. Un partido cuyos militantes "atenten contra la autoridad" (por ejemplo, haciendo una sentada o con un piquete a la puerta de un edificio público en una huelga) puede ser ilegalizado, mientras que otro partido lleno de corruptos condenados permanecerá dentro del sistema.

DE UNO A SEIS AÑOS DE CÁRCEL POR AGARRARSE POR LOS BRAZOS

El gobierno establecerá penalmente que "encadenarse" por los brazos durante una manifestación para impedir ser desalojado (en la más pura tradición de las manifestaciones en todo el mundo) sea "atentado contra la autoridad", al igual que lo es "agredir" a un policía. El delito de "atentado a la autoridad" está penado actualmente con de uno a seis años de cárcel, aunque esta pena podría subir con la reforma del Código Penal que prepara el gobierno.