Prensa Digital

Publicado el 13-06-2015

Noticias / LA PRINCIPAL REPERCUSIÓN DE LAS POLÍTICAS ANTISOCIALES DEL CAPITAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

España empeora su nota en el ránking internacional de derechos laborales por la "criminalización" de las huelgas. La Confederación Sindical Internacional degrada a España en el Índice Global de los Derechos por los procesos judiciales abiertos contra trabajadores y sindicalistas. Incluye a España en el nivel 3 de 5 (1 es la mejor nota) en el grupo de países que hacen "violación regular de derechos"

Los 81 casos y las 300 personas involucradas en procesos penales y civiles por incidentes sucedidos durante huelgas siguen teniendo repercusión. El Índice Global de Derechos que elabora la Confederación Sindical Internacional (CSI) sitúa a España en el grupo de países que violan regularmente los derechos laborales y acusa al país de "obstaculizar" y "criminalizar" el derecho de huelga. El año pasado, España se encontraba en el grupo de países con violaciones reiteradas de los derechos laborales, es decir, ha empeorado su posición.

El índice clasifica a los países en seis grupos: desde el 1, donde las violaciones de derechos laborales son ocasionales, al 5+, en los que las personas que trabajan apenas tienen derechos y que están inmersos en conflictos militares. España se encuentra el grupo 3, en el que se producen violaciones regulares de los derechos.


No obstante, la CSI la incluye en el grupo de países "con claras tendencias negativas", junto a Burundi, República Dominicana, Hong Kong, Irán, Georgia, Rusia, y Reino Unido. La inclusión en este grupo se debe, según explica la Confederación, a los procesos judiciales abiertos contra sindicalistas y trabajadores.

El informe explica que tanto España como Reino Unido se han aprobado medidas "con el fin de obstaculizar el ejercicio del derecho a huelga". En el caso de España, la CSI menciona la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. "Incluye una serie de polémicas modificaciones que afectan gravemente el derecho a la libertad de reunión y expresión", señalan y mencionan las multas por manifestarse cerca de las Cortes Generales u otros edificios de gobiernos regionales o las sanciones por no comunicar manifestaciones en lugares públicos aunque éstas sean pacíficas.

De la misma forma, el documento habla de los procesos judiciales en los que se está aplicando el artículo 315 del Código Penal, que contempla penas de tres a cuatro años y medio de prisión por coacciones a la huelga.

La Confederación Sindical Internacional constata que se ha producido un "enorme aumento" del número de países que imponen sanciones penales e incluso detenciones contra los trabajadores que se oponen a recortes laborales o a leyes "de manera legítima y pacífica. "Estos países han pasado de ser 35 a 44 en el último año. "Tales arrestos y detenciones no solamente son graves violaciones de los derechos fundamentales de las personas afectadas, sino también crean una atmósfera de intimidación que silencia las voces independientes", denuncian.

Fuente: eldiario.es