Desde hace más de 40 años se habla de la privatización de Correos. Hay funcionarios hoy jubilados, que ya en los años ochenta oían hablar de la privatización. Tras tantos años hablando de la privatización, que viene el lobo, que viene el lobo, se diría que los trabajadores estén anestesiados ante el posible peligro, que ya nadie se lo cree. Indiferencia.
Pero hay datos objetivos, están ahí, y conviene analizar la evolución de la empresa en paralelo con esos datos. En 2001 cuando Correos fue apartada de la Administración pública y convertida en Sociedad Anónima Mercantil, es decir técnica y legalmente empresa privada, con 41.071 funcionarios, no se podía vender Correos. Ni siquiera hoy siendo el funcionario una «especie en vías de extinción» (menos de 9.000), aún no se puede vender Correos.
Pero ni en 1980, ni en 2001 existía el mercado de la paquetería Online como ahora. Correos con su inmensa infraestructura -18 grandes centros de clasificación, 2396 sucursales de atención al público, 1750 oficinas de cartería, 6273 en redes rurales, 101 oficinas de paquetería y urgencia- y sus filiales Correos Express centrada en la paquetería urgente, NEXEA y Correos Telecom, es un pastel muy goloso para el lobby de la paquetería.
Con 1700 jubilaciones en 2019 a las que hay que sumar los funcionarios que se trasladan a diferentes administraciones, cerramos el ejercicio 2019 con unos 9000 funcionarios. Los funcionarios se jubilan a los 60 o se trasladan a otros ministerios. Los laborales no pueden abandonar Correos y sí se les puede despedir. De hecho, Correos aplicando la reforma laboral de M. Rajoy ya ha despedido a laborales por enfermedad (y por otras causas). Muchos funcionarios se niegan a abandonar Correos, están en su derecho, por lo que su salida resulta más lenta de lo que le gustaría a la propia empresa y a los grupos de presión (AIReF, prensa económica patronal, mensajerías privadas…) que insisten en la necesidad de reducir la plantilla y el cierre de oficinas «no» rentables. Plantilla ya muy mermada en verdad. Pues con la excusa, y decimos bien excusa, de la crisis desde 2008 hasta 2016 se suspendieron los exámenes de consolidación de empleo, se destruyó empleo sin cubrir las vacantes que dejaban los funcionarios. Así fue como se creó una gigantesca bolsa de eventuales hasta superar hace tres años al número de funcionarios, llegando a ser los eventuales el 35% de la plantilla, más de 15.300.
Tras los dos últimos exámenes de consolidación, aun incorporándose 3.951 laborales indefinidos, la plantilla total solo ha crecido en unos 1.000 trabajadores, desde los 51.275 de 2014 a poco más de 52.426, lo que refleja la constante salida de funcionarios.
Debemos preguntarnos qué interés, qué sentido tiene el aumento exponencial del número de trabajadores eventuales. Nada más fácil: trabajador precario es, por lo general, igual a trabajador débil, al cual se puede presionar, coaccionar y al que de hecho y a diario se coacciona recortando sus derechos. Algunos tan básicos como no darte ropa de trabajo, negarte el disfrutar días de asuntos propios o vacaciones, así como la amenaza de una Evaluación negativa que supone el despido y expulsión de la bolsa de trabajo. ¿Y qué necesita una empresa privada? Pues precisamente una plantilla de estas características para vulnerar sus derechos y así obtener la mayor rentabilidad por trabajador, plusvalías empresariales.
La pérdida de trabajadores durante estos años ha sido brutal en todos los puestos base: grandes centros de clasificación, distritos, Unidades de Paquetería y Urgencias, sucursales de atención al público; y han aumentado los puestos a tiempo parcial tanto laborales indefinidos o eventuales. Ello consentido por los sindicatos firmantes del III Convenio Colectivo a cambio de suculentas subvenciones asociadas a la formación, y con la excusa, falacia más bien, de la caída de la carta «tradicional» que es mucho más moderada de lo que nos cuentan. A diario aterrizan en el aeropuerto de Madrid-Barajas toneladas de paquetería menuda, y no tan menuda; colapsando por falta de personal los grandes centros de clasificación, que saturan todas las oficinas de Correos. Es por esta razón que Correos lleva tiempo diseñando nuevos carros donde quepan más y más paquetes. ¿Qué importa entonces que baje la carta tradicional si los carteros de a pie llevan los carros a reventar de paquetitos chinos que se trabajan y buzonean como carta o que si no caben en el buzón se entregan en las Sucursales? En Correos hay trabajo. Y mucho.
Recientemente la Jefatura ha presentado los ejes principales de su Plan Estratégico 2020-2023. En dicho Plan ya se habla sin tapujos de transformar Correos en «una multinacional de la paquetería con implantación a nivel internacional». ¿A alguien la palabra multinacional le suena a empresa pública? ¿A alguien la palabra paquetería le suena a priorizar el Servicio Público? A esto hay que sumar las oficinas abiertas en Londres y Ámsterdam o la compra del 51% de la portuguesa Rangel Expresso. ¿Engilamos la recta final de la privatización?
A una media de 1.500 jubilaciones por año, en los próximos 5 años se habrán jubilado 7.500 funcionarios de los menos de 9.000 que quedan, y a los que hay que sumar los que se trasladen a ministerios. El último funcionario puede que tenga que cerrar la puerta de Correos al salir en 2024. En 2025 vence el acuerdo y hay que renegociar el Servicio Postal Universal.
La pregunta es si esta negociación se hará con un Correos público o una empresa privada nacida del lobby de la paquetería y la mensajería.
La cuestión principal es si las trabajadoras y trabajadores de Correos así como la ciudadanía del país, vamos a consentir que nos privaticen otro servicio público. El Correos que conocimos ayer, no es el de hoy, pero no se parece al de mañana. Correos ha cambiado. El mundo cambia cada día. Pero se trata de hacerlo cambiar en beneficio de la mayoría.
Javier de Medina Ruiz
Plataforma Eventuales Correos- PEC Madrid
Fuente: Público.es