LOS DESAHUCIOS NO CESAN EN TODO EL ESTADO ESPAÑOL

Hace apenas tres meses, en marzo, el Gobierno de España ampliaba hasta 2020, tras aprobarlo en un Consejo de Ministros, la moratoria antidesahucios de vivienda habitual para familias vulnerables. Ahora incluirá también a aquellas que tengan hijos menores de 18 años. Sin embargo, y pese a las medidas gubernamentales, la realidad es que los desahucios continúan. Y lejos de frenarse o de reducirse, siguen aumentando a una velocidad que da vértigo.

Lo constata el Consejo General del Poder Judicial, que a través de los diferentes órganos judiciales del país recopila la estadística de aquellas actuaciones de la justicia española vinculadas intrínsecamente con la crisis económica. Su último informe, referente al primer trimestre del año, acaba de salir de la cocina. Y la foto no es agradable. En Almería, en la provincia, el número de lanzamientos judiciales ha crecido, sólo en doce meses, en un 19,6%. Esto es: donde antes había cinco desahucios, ahora hay seis.

El lanzamiento judicial es la orden del juzgado por la cual un morador -ya sea propietario o arrendador- debe abandonar el bien inmueble por impago de la hipoteca o del alquiler. Sólo durante los tres primeros meses del año fueron 777 las órdenes que se dieron en la provincia. Y de ellas, 441 acabaron con «lanzamiento positivo», esto es, con desahucio, con abandono de la propiedad por parte del morador.

Las cifras en el resto del país son aún mucho más elocuentes. Desde 2008, y siempre según los datos oficiales del propio organismo de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, el número de órdenes de desalojo por impago ha superado el medio millón. Y el de lanzamientos positivos -esto es, desahucios practicados de forma efectiva- se ha acercado tras el paso de este último trimestre a los 340.000 durante la crisis económica.

Cabe recordar, no obstante, que las cifras del Consejo General del Poder Judicial no discriminan entre primeras viviendas y segundas residencias, tampoco entre personas físicas o jurídicas. Y tampoco separa el desahucio de un local comercial respecto de un inmueble familiar, una cuestión que permitiría reducir las enormes cifras de desalojo para los casos de personas que inicialmente se quedarían sin techo bajo el que guarecerse.

Más de 40.000 despidos

La estadística de efectos de la crisis económica en los órganos judiciales no sólo se refiere a cuestiones derivadas de impagos hipotecarios o de los contratos de arrendamiento. También se refiere, por ejemplo, a los efectos en los procedimientos concursales o en otras causas de gran enjundia para los ciudadanos: los juicios por despido. En este ámbito, por suerte, el Consejo General del Poder Judicial encuentra un comportamiento de leve mejoría. Desde 2009 -fecha en la que se produjo el mayor número de despidos judicializados en Almería, más de 7.000 procesos- y con la salvedad de 2012, cuando hubo un leve repunte, la cifra de casos ingresados ha ido disminuyendo levemente. El pasado año los órganos judiciales almerienses ingresaron unas 3.555 causas (prácticamente la mitad que en 2009). Y en el primer trimestre del año han sido 872, una cifra que de repetirse como una constante el resto de trimestres permitirá a Almería volver a rebajar en 2017 el número de pugnas judiciales vinculadas con un despido.

Desde 2007, los diferentes órganos judiciales almerienses han tenido que posicionarse, usando la Ley, ante 46.733 demandas de despido en una provincia en la que la masa laboral es, a día de hoy, de 165.683 cotizantes (media de mayo, último dato oficial existente en la Seguridad Social).

Fuente: www.ideal.es