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El reciente anuncio de un acuerdo petrolero estratégico entre Washington y Caracas no representa, como pretenden hacernos creer los aparatos ideológicos de ambos gobiernos, una solución pragmática a la grave situación económica de Venezuela, ni una salida a la crisis energética global ni un gesto de distensión geopolítica. Desde una perspectiva materialista histórica, ese acuerdo constituye una manifestación de las contradicciones inherentes al capitalismo en su fase imperialista y su necesidad insaciable de controlar recursos naturales estratégicos, en el marco de una feroz competencia interimperialista.
La lógica del capital transnacional y la pugna hegemónica
La política seguida por la administración estadounidense hacia Venezuela, luego de la agresión militar del 3 de enero con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa y el automático reconocimiento del Gobierno interino de Delcy Rodríguez, no obedece realmente a la procura de una transición democrática. Responde, en lo esencial, a la necesidad del capital transnacional de garantizar el flujo de una materia prima fundamental para la reproducción del sistema capitalista global y, en lo inmediato y en particular, responde a la urgencia de la potencia imperialista norteamericana de ampliar su reserva energética, gestionar la inestabilidad del mercado petrolero y contener las alzas de precios de los combustibles, resultados tangibles de la guerra de agresión contra Irán.
El escalamiento de las tensiones entre el imperialismo estadounidense y las potencias emergentes (China, Rusia, Irán, India), con la aceleración de la carrera por el control de recursos energéticos, ha llevado a una reconfiguración y consolidación de las áreas de influencia geopolítica, en un virtual nuevo reparto del mundo. En el caso de Estados Unidos, la administración Trump optó por reeditar la vetusta doctrina colonial Monroe (América para los americanos del norte), en el contexto de su estrategia de seguridad nacional, con la finalidad de recuperar pleno control sobre el hemisferio, cerrando el paso a las aspiraciones de China y Rusia en la región.
Violencia imperialista y traición local
Es imposible separar el acuerdo petrolero de las acciones terroristas del Comando Sur en el Caribe y en Venezuela. Desde la perspectiva del materialismo histórico, la violencia militar no es un accidente ni una anomalía en la acumulación capitalista: es su condición de posibilidad. Rosa Luxemburgo lo advirtió con claridad: el capitalismo no puede reproducirse sin recurrir continuamente a la violencia extraeconómica sobre las formaciones sociales periféricas.
La operación militar contra Venezuela -desarrollada prácticamente sin encontrar resistencia alguna de la Fuerza Armada Nacional- cumplió una función precisa: demostrar la capacidad de coerción militar directa de Washington sobre Caracas y otras naciones de la región, quebrar cualquier expectativa de autonomía estratégica del régimen venezolano y establecer las condiciones de subordinación sobre las cuales se negociaría posteriormente el acceso al crudo y otras riquezas estratégicas. No fue un acto de «rescate de la democracia» ni una operación antinarcóticos, como pretendió justificarlo la propaganda oficial estadounidense: fue un acto de imposición imperialista que creó el marco de coerción dentro del cual el acuerdo petrolero en análisis adquiere sentido.
Además de la ilegal incautación por el Departamento del Tesoro del dinero generado por la venta del crudo venezolano, el acuerdo petrolero hace parte de la institucionalización de la derrota política que la operación militar infligió. Primero el garrote, luego el contrato. La secuencia es clásica en la historia del imperialismo, con sus variantes: desestabilización económica, ablandamiento y cooptación de dirigentes claves, intervención militar y finalmente un «acuerdo» que consagra la subordinación bajo apariencia de normalidad diplomática. La conducta extremadamente complaciente y sumisa de la cúpula gubernamental venezolana, demuestra que su interés verdadero y fin único es permanecer el mayor tiempo posible al frente del Estado venezolano, con la venia de la administración Trump; con tal propósito entregan el país al dominio estadounidense, frustrando años de luchas del pueblo venezolano y de los verdaderos revolucionarios y patriotas, por lograr una nación libre y soberana.
Una reforma legislativa a la medida del imperialismo estadounidense
El acuerdo petrolero que le concede a Estados Unidos la quinta parte de las reservas petroleras probadas de Venezuela, al igual que una serie de convenios establecidos en los últimos meses con distintas corporaciones extranjeras, está precedido por la aprobación acelerada y sin consulta popular el 29 de enero de este año, a pocos días del asalto militar yanqui, de una profunda reforma a la Ley Orgánica de los Hidrocarburos (LOH) -y seguidamente la aprobación de su reglamento-, en la que la nación cede su soberanía petrolera en favor de las empresas transnacionales, lo que ya había iniciado Maduro al conceder a la Chevron privilegios especiales por encima de la estatal PDVSA, echando por tierra la conquista histórica de la soberanía de la nación venezolana sobre los hidrocarburos.
Con la reforma a la LOH y su reglamento, se reducen las expectativas de captación de renta del Estado venezolano en el negocio petrolero, mientras se garantizan amplias ganancias a las empresas privadas; se transgrede la soberanía jurídica de la República, al permitir que las controversias entre la República y las corporaciones foráneas puedan ser resueltas en arbitrajes internacionales; además, se elimina el control y la aprobación previa del parlamento nacional sobre los contratos con empresas extranjeras. Todo lo cual es contrario a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, en una decisión muy reveladora y controversial, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), recientemente dictaminó sin lugar un recurso de nulidad por inconstitucional de la reforma a la LOH, intentado por un grupo de abogados, economistas, expertos petroleros y dirigentes políticos revolucionarios, entre ellos Oscar Figuera, Secretario General del Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Del reformismo progresista al protectorado yanqui
Pero ¿cómo pudo llegarse a esta situación en la que una nación soberana, con un gobierno que aun se dice “revolucionario y socialista”, termina reconvertida en un protectorado neocolonial petrolero?
En primer lugar debemos identificar el papel asignado históricamente a Venezuela -desde las primeras décadas del siglo XX- en la división global del trabajo, como proveedor seguro de energía fósil para el desarrollo de las potencias imperialistas occidentales y particularmente para Estados Unidos. Condición que la potencia estadounidense no está dispuesta a ceder ni a compartir con sus competidores. Por otra parte, se constata fehacientemente que los dirigentes del Gobierno y del PSUV no están guiados por principios revolucionarios anticapitalistas, sino por ambiciones oportunistas, expresando en general los intereses de la burguesía rentística venezolana y en particular de la emergente “boliburguesía”, fracción burguesa surgida en los últimos años al amparo de la gestión chavista-madurista y calificada por dirigentes del PSUV como “burguesía revolucionaria”. Mediante la privatización de la renta petrolera, con diversos mecanismos abiertos y encubiertos, legales e ilegales, se han desarrollado procesos de acumulación delictiva y parasitaria de capitales, favoreciendo incluso los negocios de la especulación financiera.
Lo anterior sustenta la afirmación de que en Venezuela no se inició nunca una verdadera transformación revolucionaria de carácter socialista ni nacional-liberadora. La denominada Revolución Bolivariana, no superó nunca el capitalismo dependiente basado en el rentismo petrolero, por lo que no pasó de ser un proceso de reformas progresistas, de orientación socialdemócrata con retórica nacional-patriótica, iniciado en 1999 bajo el liderazgo de Hugo Chávez; pero que durante la gestión de Nicolás Maduro, ante el colapso del rentismo petrolero, retrogradó a un proceso de reformas regresivas o una contrarreforma reaccionaria, particularmente desde el 2018, con la aplicación de una política económica liberal-burguesa que descargó sobre los hombros de los trabajadores el peso de la crisis y de los efectos de las sanciones imperialistas, destruyendo el salario y subsidiando las ganancias capitalistas, en medio de una gestión altamente autoritaria que aceleró y profundizó la crisis política.
De allí, al establecimiento de un protectorado neocolonial yanqui, solo bastó el ingreso de aeronaves militares estadounidenses y la extracción del presidente en ejercicio, para que de inmediato toda la estructura de poder político nacional se pusiera a las órdenes del Gobierno de Donald Trump y procediera a entregar los recursos estratégicos en las condiciones que dictara el tirano imperialista.
El peor acuerdo de la historia
Pero ¿en qué consiste el muy controvertido convenio, anunciado el 28 de agoto por Trump como el mejor acuerdo de la historia?
Lo primero que resalta es la opacidad del mismo. El acuerdo no fue conocido previamente y discutido en la Asamblea Nacional venezolana, como lo dicta la Constitución; pero además, no han sido informados públicamente sus términos precisos. Se conoce que Estados Unidos se asegura el control de 65 mil millones de barriles de las reservas probadas y certificadas, lo que corresponde a 21,5 % del total de las reservas de la nación, que serán operadas durante 100 años (según Estados Unidos) o durante 25 años (según el gobierno interino de Venezuela). En virtud del acuerdo, Venezuela estará obligada a vender 20 % de su producción a precio de costo para reponer la Reserva Estratégica de Petróleo, lo que significa que a precios actuales, Venezuela concedería a EEUU un subsidio de 20 mil millones de dólares aproximadamente.
La empresa asignada unilateralmente por Estados Unidos para el desarrollo operacional del acuerdo, es una entidad privada de nombre North American Blue Energy Partners (NABEP), fundada en el 2024 por un empresario venezolano denunciado e investigado por diferentes delitos; desde hace ya un par de años (gestión de Maduro), la NABEP venía operando en campos petroleros de la cuenca del Lago de Maracaibo y en varios bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco.
En la ejecución del acuerdo petrolero, rompiendo todos los esquemas, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos tendrá en la NABEP una participación del 35 % de sus acciones y el gobierno norteamericano tendrá derecho a veto sobre las decisiones de su junta directiva, que será integrada exclusivamente por ciudadanos estadounidenses, según lo afirmó Donald Trump. Como se evidencia, mediante el acuerdo petrolero en cuestión, Estados Unidos asume el control directo de una quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela, ubicadas en 17 grandes campos, en función de su estrategia de hegemonía geopolítica, tal y como lo alardea oficialmente el Presidente Trump (“el botín del ganador de la guerra”).
Ese acuerdo energético significará el desplazamiento total de empresas operadoras chinas y rusas en una serie de yacimientos, lo que confirma que no todos esos campos son vírgenes como engañosamente lo ha propagandizado el gobierno interino. Según reportes oficiales del gobierno estadounidense, de los 17 campos del acuerdo, 5 eran manejados directamente por grandes empresas asiáticas, tales como la China Concord Resources, la China National Petroleum Corporation (CNPC) y la Sinopec.
¿Quiénes ganan y quiénes pierden?
El gobierno interino de Delcy Rodríguez intenta convencernos de que Venezuela está haciendo “el mejor negocio de su historia”, al afirmar que con un precio de referencia de 65 dólares por barril, la República percibirá un ingreso tributario global de 209.335 millones de dólares por la extracción de 11.000 millones de barriles en 25 años. Asimismo, asegura que para los ocho bloques verdes (Greenfields) en la Faja Petrolífera del Orinoco se fijaron regalías mínimas del 16% y un Impuesto Sobre la Renta (ISLR) del 34%.
Pero esas cifras resultan decepcionantes y evidencian un mal negocio para el país, si se comparan con la renta petrolera percibida por Venezuela en anteriores momentos. Por ejemplo, en el período del 2004 al 2014, en solo una década, la nación recibió más de 500.000 millones de dólares por conceptos de regalías, impuestos y contribuciones directas. Pero también, economistas y expertos petroleros denuncian como un gran daño patrimonial a la nación aceptar regalías por explotación de los hidrocarburos en 16 %, cuando desde el 2006 se habían establecido en 33,33 %.
Pero si algo termina de convencernos de que ese acuerdo es el peor negocio petrolero en la historia de Venezuela, es la obligación de vender el 20 % del crudo a Estados Unidos a precio de costo (pudiendo incrementarse esa proporción) para beneficiar la seguridad energética de la potencia norteamericana, reduciendo la captación real de renta diferencial e impidiendo una mayor rentabilización fiscal de los yacimientos. Aun más cuando el objetivo principal de Estados Unidos es aprovechar los yacimientos de crudo liviano y mediano en la cuenca del Lago de Maracaibo, para extraer petróleo sin grandes inversiones en infraestructura y en procesos de mejoramiento.
Pero el perjuicio a la nación venezolana no puede medirse tan solo en términos económicos. Venezuela perderá definitivamente su soberanía petrolera, la empresa estatal (PDVSA) ocupará un lugar marginal frente a corporaciones extranjeras y la seguridad estratégica del país podrá ser totalmente vulnerada por el imperialismo yanqui que a través del Pentágono, como principal socio accionario de la empresa operadora, pasa a intervenir directamente en la actividad petrolera del país. Venezuela quedará subordinada a los intereses geopolíticos de Estados Unidos.
Los más perjudicados de ese saqueo imperialista, revestido con forma de acuerdo binacional, serán la clase obrera y el pueblo trabajador venezolano, cuyas necesidades de acceder a mejores condiciones de vida y de trabajo no serán atendidas, mientras que el imperialismo yanqui se apropia de nuestras riquezas estratégicas y el gobierno nacional, al servicio de las fracciones burguesas parasitarias y de los intereses monopólicos de Estados Unidos, avanzará aún más en el desmontaje y la flexibilización de los derechos conquistados por los trabajadores y el movimiento sindical, para satisfacer las pretensiones de altas tasas de ganancias de los capitalistas nacionales y foráneos.
Resulta obvio que los grandes ganadores en ese convenio energético son los capitales transnacionales de Estados Unidos y el sector político más reaccionario que los representa.
Unidad por soberanía y democracia, la respuesta necesaria
Ante toda esa situación, desde el sindicalismo clasista y las fuerzas políticas que expresan los intereses del proletariado y del pueblo venezolano, estamos impulsando una política de amplia unidad social y política que se plantee profundizar la lucha por el rescate y defensa de los derechos sociolaborales, la reconquista de las libertades democráticas y la recuperación de la soberanía nacional, eso implica construir en lo inmediato una alternativa frente a los dos bandos que responden a las pretensiones neocoloniales del imperialismo norteamericano, el bando de la cúpula dirigente del PSUV, encabezada por el triunvirato que integran los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello y el bando de la oposición burguesa, encabezada por María Corina Machado.
Tales planteamientos se resumen en la batalla del pueblo trabajador venezolano por la restitución plena de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que amerita un frente amplio encabezado por la clase obrera para darle una orientación realmente anticapitalista y, por tanto, consecuentemente antimperialista.
Pedro Eusse, Secretario General de la CUTV y militante del PCV
Este artículo ha sido reproducido por el FSOC desde la web Rebelión, del artículo Entre la violencia imperialista y la traición entreguista respetando la autoría, la fuente original y las condiciones de la licencia Creative Commons Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada 2.5 España.
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