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COMUNICADO
El próximo miércoles en el Congreso de los Diputados se someterá a votación la convalidación el Decreto 11/2024 que supone una “prolongación encubierta de la edad de jubilación” más allá de los actuales 67 años. Este decreto convertirá en ley el acuerdo alcanzado por el Gobierno (PSOE + SUMAR), la patronal y los sindicatos CC.OO. y U.G.T. El Partido Popular ya ha confirmado su voto positivo a esta iniciativa.
Tanto el contenido del Acuerdo, pactado por la patronal y las direcciones de los sindicatos, como el Decreto 11/2024 es desconocido por la mayoría de la población, por los trabajadores y por los pensionistas pues no se ha promovido ningún debate público, ni sindical, ni asambleario en las empresas donde se haya expuesto ni discutido, debemos recordar que el acuerdo se firmó un 29 de julio, en el momento más propicio para ocultar su contenido al debate público.
La convalidación de este decreto regula el trabajo asalariado más alla de los 67 años para tener derecho a una pensión digna, debemos recordar que la jubilación a los 65 años comienza ya a ser cosa del pasado, y va a afectar sobre todo a los trabajadores más precarios, mujeres y jóvenes, que por razones de acceso al mercado de trabajo, razones sociales y razones de exclusión social tienen periodos de cotización mucho más cortos.
El Decreto establece un sistema de incentivos para demorar la jubilación más allá de la edad que establece la ley, empuja a los trabajadores y trabajadoras a permanecer en activo hasta los 72 años, con incentivos de un 4% adicional en base a la cuantía de la pensión correspondiente por cada año completo que retrasen su jubilación por encima de la edad legal.
Es el modelo alemán de “minijobs” que ha reducido las prestaciones por jubilación y ha obligado a los pensionistas alemanes a complementar sus ingresos con trabajos a tiempo parcial de salarios reducidos para no caer en la pobreza.
Lo peor, con todo, no es lo que se aprobará en el Decreto, sino el horizonte, las puertas que abre. Porque lo que hoy es voluntario, si se generaliza – y está claro que es lo que se persigue, teniendo en cuenta el dinero que se pone por medio, fácilmente puede terminar siendo obligatorio con el tiempo, como una nueva prolongación de la edad mínima de jubilación o la necesidad de compatibilizar pensión y trabajo para poder mantener un nivel de ingresos suficiente para vivir con dignidad. Porque está claro que las propuestas futuras de “los agentes sociales” y los Gobiernos de turno intentarán seguir ahondando en el recorte de prestaciones y empeoramiento de las condiciones de acceso, de modo que no es de extrañar que, una vez impuestas nuevas prolongaciones obligatorias de la edad, los incentivos económicos que ahora se anuncian terminarían por desaparecer.
Tampoco se entiende que se trace como objetivo estratégico del Estado la prolongación de la vida laboral en un país que aún cuenta con 2,75 millones de parados, según la última Encuesta de Población Activa; porque está claro que los trabajadores y trabajadoras parados no saldrán beneficiados con dicha estrategia, sino más bien perjudicados.
En el fondo, se viene así a romper con un paradigma central en la lucha histórica de la clase trabajadora, el que concebía la jubilación como un derecho positivo conquistado que permita disfrutar durante unos años de un tiempo libre y de descanso, tras una larga vida de trabajo, con una pensión que garantice un nivel de vida digno. Ahora, el paradigma que lo sustituye propone como positivo alargar la edad de jubilación al máximo y la compatibilidad entre trabajo y jubilación, vamos, seguir trabajando indefinidamente, diríamos que hasta la tumba. Porque parece claro también que si cada vez hay más gente que comienza a llegar a los 70 años trabajando, o más allá, vendrá un momento que aumentará la “legitimidad” del Estado para imponer nuevos aumentos de la edad mínima de jubilación.
El Decreto propone para las jubilaciones la solución individual y hará ley que no tiene por qué haber una edad límite de jubilación, que cada cual decida cuándo y cómo, una jubilación a la carta. Por lo tanto, ya no hablamos de procesos colectivos, donde poder desarrollar acciones comunes en pro de mejoras de las condiciones de trabajo y jubilación, sino de procesos individuales donde cada uno busca su salida individualmente. Esto, se mire como se mire, es un misil a la línea de flotación de la acción sindical del movimiento obrero de clase que, por definición, no puede ser sino colectiva. Si el trabajador, llegada cierta edad, ya cobra una parte de la pensión o toda, el empresario tendrá más fácil negociar los salarios a la baja, sobre todo entre los trabajadores mayores, quienes tampoco tendrán demasiados estímulos para implicarse en luchas sindicales por mejoras salariales, toda vez que recibirán dos fuentes de ingresos.
Por todas las razones expuestas el Comité Estatal de la Federación Sindical Mundial y los sindicatos que representa se opone a la convalidación del Decreto 11/2024 de 23 de diciembre, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, que consideramos contrario a los intereses de los trabajadores y pensionistas.
El Comité Estatal de la Federación Sindical Mundial promoverá todas las acciones a su alcance, junto al conjunto de sindicatos de clase del Estado, para impedir esta nueva agresión contra los trabajadores.
COMITÉ ESTATAL
FEDERACIÓN SINDICAL MUNIDAL
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